Vía Crucis argentino

La reciente guerra desatada en Argentina en torno a la Ley que permite contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, puso al desnudo el poder de lobby de la Iglesia Católica y su intentos por influir en las decisiones del Estado. Las dimensiones del "sostenimiento" de este culto desde las arcas públicas. Los increíbles sueldos y jubilaciones de los obispos. Y la fortuna que se les da a los colegios confesionales. Todo eso, en esta primera investigación de Secreto Cero.

La guerra estaba desatada. Y, se sabe, en la guerra se puede ganar o perder, pero siempre se pierde. En la puja que se desató por meses en la Argentina por el proyecto –hoy Ley- de Matrimonio Igualitario, que habilitó la posibilidad de que las personas del mismo género se puedan casar, la Iglesia Católica junto a otros credos y sectores afines desataron toda su artillería para frenar la iniciativa. Campañas mediáticas, lobby sobre legisladores y funcionarios, amenazas de infiernos y castigos endemoniados, convocatorias a multitudinarias marchas, amnistía para los estudiantes que faltasen a sus horas de clase en favor de la embestida celestial, recolección de firmas por doquier. Todo estuvo bendecido para poder frenar esa “intención diabólica”.


Y allí, con una Iglesia dispuesta a legislar sobre todos, los que profesan una fe religiosa y los que no, la pregunta que volvió casi con irreverencia fue: ¿hasta donde hay una verdadera separación entre Iglesia y Estado? ¿Tiene derecho la Iglesia a promulgar leyes? ¿Todos son ciudadanos o sólo aquellos que profesan su religión?


Entonces, el camino llevó a la Constitución Nacional. Pese a las reformas y aún habiendo sido sancionada su última versión hace apenas 16 años (en 1994) conserva imperturbable su Artículo 2: “El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Así de simple y escueto. Contundente y no tanto. Porque ¿Qué quiere decirse con “sostiene”? ¿Cuál es el alcance de eso?

Remitiéndose a la historia, este privilegio que tiene la Iglesia Católica en la Argentina surge –no sólo de importación llegada desde España en época de la conquista- de aquella decisión de Bernardino Rivadavia -en 1822- de expropiarle los bienes al Clero. A partir de allí, el Estado argentino quedó prendado hasta hoy. La contraprestación fue ese sostenimiento perpetuo.




Paga el Estado


Hoy el Estado nacional aporta unos 34 millones de pesos por año a la Iglesia Católica. Con ello paga los sueldos de Obispos titulares, auxiliares y eméritos, asignaciones para seminaristas mayores, parroquias de frontera y jubilaciones de sacerdotes, entre otros rubros. Para tomar un ejemplo: según la Ley 21.950 –del gobierno de la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla- un obispo recibe un salario del Estado equivalente al 80% de la remuneración de un juez de primera instancia. Hoy esa ecuación arroja un guarismo de entre 12 mil y 13 mil pesos mensuales, aunque desde organismos oficiales aseguran que los sueldos de los obispos no sobrepasan los 8.000.


Cuando se jubilan, más allá de que no haya aportes previsionales, reciben un ingreso equivalente al 70% del sueldo del Presidente de la Nación (unos 16.300 pesos). Eso –previsto por otra Ley de Videla, la 21.540- equivale hoy a los 11.400 pesos. O sea que un obispo recibe el monto de 12 jubilaciones mínimas (895 pesos). Es decir, la supervivencia de una docena de jubilados. Estos dineros los percibe exclusivamente el culto católico, quedando fuera de ese beneficio el resto de los credos.


En un minucioso arsenal de defensa frente a este tema tan conflictivo y terrenal, la Conferencia Episcopal Argentina (a través de un programa denominado Compartir –www.compartir.com.ar-) sostuvo que “el aporte del Estado representa menos del 7% de los ingresos que tiene la Iglesia Argentina”. Si se toma como cierto este porcentaje –sostenido por la propia institución- el presupuesto que manejaría la Iglesia Católica argentina ascendería a 457.142.857 pesos anuales. Pero ese es otro tema.


Lo concreto es que además de los recursos que la “religión oficial” recibe en forma directa del Estado, están aquellos que se deducen en forma indirecta: la Iglesia no paga ni impuestos inmobiliarios, ni Impuesto a las Ganancias, aunque sí los abona los servicios (luz, gas, teléfono). Estos beneficios sí alcanzan a otros cultos.




Más plata


Estos recursos son nada si se los compara con que el Estado destina a los colegios confesionales. Según datos del Ministerio de Educación de la Nación durante el 2009 las provincias –el sistema está derivado a cada administración provincial desde los ’90- destinarán a los colegios privados en materia de subisdios alrededor de 53 mil millones de pesos. Tomando como referencia que –según los presupuestos de cada una de las provincias- se destina alrededor del 13% a la educación privadas, los colegios no estatales habrían recibido de los estados provinciales la impresionante cifra de 6.900 millones de pesos (mil millones más que en 2008).


Y si se lo proyecta a este 2010 en curso, donde según datos de la cartera educativa nacional, esos fondos alcanzarían los 64 mil millones de pesos destinados desde los erarios provinciales. O sea, unos 8.770 millones de pesos irán para la educación privada. Allí se incluyen los 450 millones de pesos que van a ese sector de los 3.000 millones de pesos que el Estado nacional gira a las provincias por el Fondo de incentivo Docente y compensaciones salariales para llegar al mínimo establecido desde la Nación.

¿Cuánto de ese dinero va a la educación confesional? Esa es la pregunta del millón. O de los miles de millones. No hay cifras claras. Pero sí se pueden hacer algunas deducciones. Según datos de 2008 suministrados por el Ministerio de Educación nacional, en el país hay 9.114 colegios privados. De esos, 3.638 son confesionales (incluye todos las religiones, aunque la mayoría son católicos), 3.220 no confesionales y 2.256 aparecen sin especificar. Si se toma la proporción que se da entre los que sí están identificados, entonces alrededor del 53% de los colegios privados serían confesionales. O sea, poco más de la mitad.

Tomando esas estimaciones, los colegios religiosos de la Argentina recibirían este año alrededor de 4.648 millones de pesos. Cifra que pagarán todos los argentinos, los religiosos y los que no lo son. Los que envían a sus hijos a colegios privados o públicos. Los ricos y los pobres.

Todos los argentinos pagándole a las escuelas religiosas el equivalente a 5.193.296 jubilaciones mínimas, o 25.822.000 asignaciones universales por hijo. 

Suficiente dinero para armarse contra las políticas más endemoniadas. Poder para hacer campañas mediáticas, lobby sobre legisladores y funcionarios, recolecciones de firmas por todo el país, llevar estudiantes a la convocatoria santificadora. Lo que sea. Poder real y poder simbólico. Todo un arsenal.